Helena Redondo: “Los nuevos estándares de reporting suponen un cambio radical en la mentalidad de las empresas y obligan a pensar a largo plazo”

Socia emérita de Deloitte especializada en sostenibilidad.
“La información de las empresas: pilar esencial en las políticas de sostenibilidad”

“Estamos en la misma sala, pero lo que veis vosotros y lo que veo yo es diferente. Vamos a ver si podemos encajarlo”, así fue como la profesional Helena Redondo quiso introducir su sesión-taller doble: con la esperanza de encontrar un punto en común entre todos los asistentes. Durante las dos tardes del 7 y el 8 de febrero, la socia emérita de Deloitte, dio una clase intensiva sobre la información de las empresas, así como una introducción a los reporting y las finanzas sostenibles.

Dentro del lenguaje de sostenibilidad, al igual que en un idioma, expuso la experta, tenemos vocabulario (conceptos) y gramática (estándares). Redondo insistió en este punto para explicar la importancia de esta información de cara a las nuevas exigencias de la Unión Europea, pero también para darle al alumnado unas nociones básicas que les permitiesen leer la documentación a su disposición y ponerla en práctica en su ámbito laboral. En este sentido, la profesional destacó la importancia de la información financiera como el lenguaje que emplea la empresa para comunicarse: “Si tú no hablas el lenguaje de una empresa, es muy difícil que crezcas en ella o que la entiendas”, destacó. Esto se mantiene hasta los 90, donde se comienza a hablar de otros tipos de información, aparte de la financiera, que pueden ser imprescindibles a su vez en esa comunicación. Estos tipos serían el buen gobierno corporativo, la sostenibilidad y el medioambiente, y es que, hasta ese momento, “todo lo demás no existía”.

Con el objetivo de introducir al alumnado en la información financiera de una empresa, la experta explicó previamente el funcionamiento de una cuenta anual para una gran compañía, pero no sin antes dar los principios básicos necesarios para poder leerlas. Así, Redondo dedicó buena parte de la primera mitad de la clase a dar las nociones esenciales en materias de contabilidad, como entender los balances, las cuentas de gastos y pérdidas y los flujos de efectivo, teniendo siempre en cuenta la explicación del vocabulario esencial para así poder obtener una visión general y efectiva de la información financiera de una empresa.

De la información financiera a la CSRD

Una vez detallados los básicos, la socia emérita de Deloitte quiso hacer un pequeño repaso por la historia de la información financiera, que fue obligatoria en España a partir de 1973, al igual que la primera auditoría imperativa, que no sucedió hasta 1989. Asimismo, la información inicial en materia no financiera no se produjo hasta 2017 y la obligación de verificarla, hasta 2018. Aunque su importancia en el país se remonta más atrás: “Fue nuestra entrada en la Unión Europea lo que aceleró todo este proceso”, explicó Redondo, que insistió en la premura de estos procedimientos: “Fue una aceleración brutal” por aquel entonces. Esta ley de 2017 solo afectaba a empresas muy grandes, por lo que a nivel europeo apenas 10.000-11.000 empresas la aplicaron, un incremento considerable con respecto a la última, que ya abarcará al menos 50.000.

Tan solo Francia, Italia y España incrementaron sobre los mínimos de esa directiva; el resto acataron los básicos que se establecían en ella. ¿Cómo qué? Evolución, resultados y situación de la empresa en el balance y el impacto de las actividades en relación con cuestiones medioambientales, sociales y relativas al personal, éticas, de derechos humanos, lucha contra la corrupción y el soborno. Estos requerimientos tenían un nivel muy bajo y de todo ello solo era necesario informar sobre el modelo de negocio, las políticas de la empresa, los procesos y los resultados de aplicación de cada política. “¿Cuál es el lenguaje en esta directiva?”, planteó Redondo, que hizo hincapié en la falta de precisión de este primer documento con un problema específico en esta materia: sin estándar de reporting. Por este motivo, no había una unificación en lo que las empresas debían o no debían comunicar.

Sería en 2018 cuando España hiciese una transposición de la directiva europea con la que todavía se trabaja actualmente. Una de las peculiaridades en nuestro país es que el estado de información no financiera debía publicarse en los tres meses siguientes al cierre de cuentas, a diferencia de los seis establecidos por Europa. No se concreta tampoco quién debe verificar la información y, aunque da cuestiones más específicas dentro de las medioambientales y las sociales, siguen siendo bastante amplias y poco definidas. Además, esta transposición española incluye cuestiones como la brecha salarial y la organización del trabajo, que no incluía la directiva europea, así como la información fiscal para determinar si tienes actividad en algún paraíso fiscal.

Al mismo tiempo que se está poniendo en marcha esta directiva en España, en 2021 la UE decidió preguntar si esto estaba funcionando correctamente y, ante la negativa, se propuso cambiar el nombre de información no financiera, a informe de sostenibilidad, creando así la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Esta directiva tiene cambios importantes; aunque lo que hay que informar no varía, sí lo hace en el cómo. Fue aprobada el pasado 2023 para su puesta en vigor este mismo año, con la intención de que se vaya implementado según el tamaño de la empresa.

Los nuevos ESRS: una mirada al futuro

Uno de los objetivos de esta nueva directiva es generar estándares de información de sostenibilidad, un trabajo que encargó en 2020 la Comisión Europea a EFRAG. Este primer bloque (Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad, NEIS, o ESRS por sus siglas en inglés) se aprobó en julio de 2023, pero solo afectará a corto plazo a grandes empresas de interés público, con más de 500 empleados. No será hasta 2025 y 2026 cuando aplique primero a grandes compañías no sujetas a la directiva sobre información no financiera (con más de 250 empleados y/o una facturación de 40 millones de euros y/o 20 millones en activos totales) y pymes cotizadas, respectivamente.

Dentro de estos nuevos estándares encontramos una clasificación: los generales, que afectan a todos y que se dividen según las áreas que afectarán, un total de 12 (divididos en trasversales y generales); y los sectoriales, que se están todavía tratando. Además, hay unos estándares específicos para pymes, divididos en dos: aquellas cotizadas y aquellas que quieran hacer su informe de sostenibilidad de forma voluntaria. ¿Cuál es la respuesta del mercado? “Hay una reacción que está refrenando lo que está viniendo porque se trata de un cambio brutal en apenas unos años”, explicó Redondo.

Dentro de los estándares, lo que está reinando es el cambio climático y son importantes porque “centran lo que se debe hacer”, declaró Redondo. Entre las normas transversales, uno de los estándares establece que la doble materialidad, la consideración de los grupos de interés en la cadena de valor y los procesos de diligencia debida son esenciales en el reporting. Como parte de estos ESRS también se establecen requisitos relacionados con horizontes temporales, y es que una de las novedades es que se solicita a las empresas los objetivos y retos a corto, medio y largo plazo. “Es un cambio radical en la mentalidad de las empresas que nunca han pensado a largo plazo, y va a modificar drásticamente la comunicación corporativa por poner la vista en el futuro”, destacó Redondo.

Los criterios para la doble materialidad son de los más críticos, especificó la experta, que insistió en la importancia de entender los grupos de interés, cómo estos afectan y cómo la empresa les afecta a ellos, así como sus modelos de negocio para poder analizar con corrección la cadena de valor. Además, los ESRS requieren la consideración de la materialidad tanto financiera como de impacto, a diferencia de otros estándares. Esto, señaló Redondo, es identificar una perspectiva dinámica en los impactos de la empresa y entender que, a largo plazo, siempre acaban afectando financieramente, aunque en el presente no lo hagan.

“La regulación de reporting no te obliga a tener nada, solo a informar”, por eso la UE empieza siempre por esta regulación, que sufrió un importante impulso con la llegada del Green Deal. “Tener que reportar obliga a ponerse con mentalidad de futuro y pensar a largo plazo”, señaló. Pero la UE no se queda ahí y desde la Comisión Europea se quiere ir un paso más allá de la mera información y propone una Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa que aplicará, en su entrada en vigor, a grandes sociedades y a empresas extracomunitarias activas en la UE con umbral de facturación de más de 500 empleados y 150 millones de facturación o más de 250 empleados y 50 millones de euros de facturación operando en un sector de alto impacto. Por otro lado, los ESRS no tienen ningún requisito de conducta en relación con la diligencia debida, pero considera que sus resultados deben servir de base para la evaluación de sus impactos, riesgos y oportunidades.

Los antecedentes de los ESRS: la Global Reporting Iniciative

Los ESRS son el resultado de los últimos años de trabajo, pero tiene un claro precursor: la Guía GRI del año 2000. Redondo hizo un repaso por los antecedentes del Global Reporting Iniciative (los GRI Standards), la base de los ESRS que se pondrán en marcha próximamente, manteniendo algunos de sus contenidos. “Uno de los problemas comunes tanto en los ESRS como en los GRI es que no dan métricas ni fórmulas de cálculo, solo lo que tienes que informar”, explicó la experta. Además, se presenta una problemática extra: las métricas que emplea cada empresa para dar algunos datos, como la brecha salarial, son muy diferentes, por lo que los resultados también lo son. “Aunque tengamos un estándar de información en sostenibilidad en Europa, eso no significa que se midan igual en cada compañía”, especificó Redondo, que insistió en que esto cambiará en el futuro, pero por el momento es importante ser cautos a la hora de entender la información.

En la segunda sesión, uno de los puntos que Redondo quiso destacar fue precisamente la memoria de sostenibilidad. Con una primera base establecida, la profesional pasó a ponerlo todo en práctica estudiando en detalle la memoria de sostenibilidad de Acciona. La compañía, que divide su información en varios informes, como el integrado, el semestral de sostenibilidad, el de financiación sostenible y el de cambio climático, destaca especialmente por publicar un índice de contenidos según los borradores de los ESRS, a pesar de que aún no está en vigor.

Sin embargo, la memoria de Acciona se basa en los GRI, los que actualmente se encuentran en vigor. Asimismo, hace también un índice de contenido de la ley, con el objetivo de unir lo que la ley exige con las acciones de la empresa y, al mismo tiempo, con los GRI y en qué parte de la memoria se encuentra.

A la hora de dividir los contenidos de la memoria, dependerá de la empresa. Redondo utilizó la sesión para hacer un repaso por la estructura que emplea Acciona, “uno de los más completos en el mercado”, pero dando también una visión global de cómo se estructuraría en otras memorias. Todo ello siempre hilado a los cuatro aspectos que siempre deben estar presentes para hacer el reporting de una empresa: gobernanza, estrategia, impacto, riesgos y oportunidades, y métricas y objetivos.

Finanzas sostenibles

“Ahora mismo estamos en una economía basada en el carbono, una mano de obra semicualificada y el consumo. Sabemos que esto es un problema que hay que cambiar, pero requiere mucho dinero”, expuso Redondo. Por ello, se precisan inversores y para que estos inversores inviertan dinero en estas acciones, necesitan los informes de sostenibilidad. “Si quitas la información de la base, el resto se rompe”, insistió la experta. Asimismo, y en cuanto a la utilidad de estas memorias, Redondo especificó: “Las memorias de sostenibilidad son útiles para poder encontrar incumplimientos legales”, aunque algunas medidas no son obligatorias, comunicarlo sí, y eso permite ver lo que se cumple y lo que no.

El mercado financiero de sostenibilidad está en crecimiento, explicó Redondo. En este sentido, el primer bono verde se emitió en 2013 y, actualmente, sigue creciendo a buen ritmo. Sin embargo, para poder determinar lo que es sostenible o no de cara a poder ejecutar estos bonos, se crea el reglamento de taxonomía ambiental. Este documento contiene los fundamentos del sistema de clasificación por el que se determina qué actividades económicas son sostenibles con el objetivo de identificar el grado de sostenibilidad de una inversión: “Esta es la parte más significativa de la financiación sostenible”, señaló la experta. Así, el 85 % de los fondos de un bono verde europeo tienen que destinarse a actividades que sean taxonómicamente sostenibles. Estos fondos deben estar verificados por un auditor, con un objetivo de reducción emisiones que se debe comunicar también.

Paralelamente a esto, se saca un reglamento en 2021 que exige a las compañías de inversión, los fondos de inversión y los de pensiones, el deber de indicar qué política de sostenibilidad tienen, así como identificar los principales impactos adversos en sostenibilidad de esa inversión (Principales Incidencias Adversas o PIAS). Además, requiere clasificar tus fondos de inversión atendiendo a criterios de sostenibilidad, aunque actualmente se está modificando para adaptarse mejor a las exigencias del mercado, explicó la profesional.

Precisamente “la dificultad de generar la información y lo inmaduro que está todo” es lo que Redondo quiso que el alumnado mantuviese en mente tras sus dos sesiones con el objetivo de tener siempre criterio propio y contar con los datos necesarios para entender la información que se ofrece de forma exigente.

Beatriz Nestar Bueno
Periodista y alumna de la decimotercera edición del Curso de Experto en Sostenibilidad e Innovación Social