“La presión por posicionarte en un ranking de sostenibilidad fomenta el proceso de mejora”
Tomás Conde, asesor sénior de Llorente&Cuenca y de AERI (Asociación Española de Relación con Inversores en ESG); y ex-director de Sostenibilidad de BBVA.
Para entender cómo valoran los inversores y analistas el desempeño de una empresa, Tomás Conde, asesor sénior de Llorente&Cuenca y de AERI y ex-director de Sostenibilidad de BBVA, planteó un taller en el que se analizaron las claves del reporte no financiero y las implicaciones de los cambios normativos recientemente aprobados.
El primer concepto para entender la evolución del reporting es la integración. Según explicó el ponente, la RSC se vinculó en sus inicios al ámbito de las relaciones públicas, en el marco de la gestión reputacional y orientada a la acción social. Hoy “la sostenibilidad se ha integrado en el modelo de negocio”, lo que tiene como consecuencia “su vinculación directa a la alta dirección”. Según su percepción, “la RSC debe ubicarse en torno a la gestión de riesgos”, añadiendo que “las empresas que gestionan de forma proactiva e integrada los riesgos ESG -acrónimo inglés de ambiental, social y de gobierno corporativo- marcan la diferencia”.
Lo que marca esta diferencia se resume en el segundo concepto clave, el de elegibilidad. “Para ser elegible a una inversión es necesario cumplir ciertos criterios”, destacó Conde. Cobran fuerza índices como el Dow Jones Sustainability para guiar la toma de decisiones de los inversores, que suelen decantarse por las mejor valoradas. “Es lógico, ya que se puede presuponer que afrontarán mejor las adversidades por su gestión del riesgo”, indicó.
A nivel interno, el reporte contribuye al proceso de mejora. “Reportar promueve la elaboración de políticas internas que de otra forma no se hubiesen establecido e impulsa a ejercitar la transparencia”. Según argumentó Conde, “al ver los resultados, se puede detectar de un vistazo en qué has fallado y a partir de ahí investigar y plantear cambios para mejorar”. De ahí la importancia de reflejar el progreso realizado a través de indicadores clave. En este sentido, valoró la actividad de organismos como el IIRC y de los instrumentos proporcionados por el GRI, que han facilitado esta tarea estandarizando criterios que “permiten comparar sectores muy diferentes”.
La Ley en materia de información no financiera y diversidad ha fijado pautas y “los informes integrados irán desterrando a los informes de sostenibilidad”. Un cambio normativo que ya obliga, desde diciembre de 2018, a publicar de forma paralela la información financiera y no financiera de empresas que cumplen determinadas características. “El hecho que lo cambia todo es que la Ley obliga a que el informe esté firmado por todo el consejo de administración, de forma que los administradores responden de la veracidad de su contenido”, aseguró Conde.
Poniéndonos en la piel de un analista, esquematizamos el contenido de un reporte en tres dimensiones: económica, ambiental y social, calibrando el peso que cada una tiene en la calificación final según la empresa que estemos analizando. Entre los contenidos básicos de un informe, Conde destacó la lectura de la carta del presidente, que condensa los compromisos, y el desempeño medido a través de indicadores clave, que exigen un “ejercicio de delimitación previa”. Por último, nos detuvimos en el informe de verificación independiente que debe acompañar al reporte. Al respecto, Conde señaló que falta despejar algunas dudas sobre los verificadores independientes, ya que “la nueva ley no especifica quiénes están autorizados y cualificados para hacerlo”.
En lo relativo al reporting y la verificación, indicó que “la dificultad radica en cómo se verifica la trazabilidad de la información y el proceso de obtención de los datos”. Unos datos que serán traducidos en rankings y analizados con lupa por los inversores, que “cada vez son más determinantes como grupo de interés”.
Ana Narváez
Periodista y alumna de la octava edición del Curso de Especialización en Sostenibilidad e Innovación Social