Helena Redondo: “Toda la regulación que está sacando la Unión Europea va en el sentido de informar y medir»

Socia emérita de Deloitte.
“La información de las empresas: pilar esencial de las políticas de sostenibilidad”.

Helena Redondo es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE y auditora de cuentas. Empezó su carrera profesional en Arthur Andersen y, tras su integración en Deloitte, ha desarrollado los servicios de Gobierno corporativo y Sostenibilidad de la firma en España, además de ser consejera de Deloitte España, presidenta de su Comité de Ética, secretaria de la Fundación y miembro del Comité Global de Sostenibilidad. Tiene varias décadas de experiencia en auditorías, tanto de información financiera como de informes de sostenibilidad y a lo largo de su trayectoria ha dirigido y participado en proyectos para la implantación de modelos de gobierno corporativo, de gestión de riesgos y control interno y de sostenibilidad, entre otros. En la actualidad compagina la actividad docente con la investigación en el campo de la economía y la sostenibilidad.

Redondo tiene “corazón financiero” y vino al CESIS a “transmitirnos su experiencia y su visión del mundo”, recordándonos la importancia de tener una visión de 360 grados. La sesión giró en torno a la importancia de la información que reportan las empresas, ya que “puedes ver qué es una compañía por lo que ella cuenta de sí misma, de ahí que los reguladores cuando quieren mover a las compañías hacia algún sitio pidan información”. “Toda la regulación que está sacando la Unión Europea va en el sentido de informar y medir”, añadió.

Uno de los objetivos de la sesión era que obtuviésemos una visión clara de la situación en cuanto a información corporativa de sostenibilidad de las empresas y su evolución en los últimos años, con especial atención a los requerimientos en cuanto a información no financiera-ESG. Por este motivo, la ponente hizo un recorrido por la historia reciente Hasta 1990, año en el que se aprobó el Plan General de Contabilidad, “las empresas presentaban un Informe Anual que incluía su balance de situación, su cuenta de resultados, su flujo de caja y una memoria”. No existía un estándar potente para hacer información financiera y eso debía cambiar, ya que “es muy importante saber que se necesita un estándar para hacer un informe, porque si no se tiene no se puede comparar entre organizaciones”.

En 2002, tras una crisis generalizada sobre la gestión de las compañías, el modelo de gestionar la información y comunicarla cambió. “Empiezan a exigirse unas normas mínimas para las sociedades cotizadas, empieza a interesar cómo se gobierna una compañía” y en los años siguientes se produce un cambio importante a nivel corporativo: “se desarrolla el GRI y las compañías empiezan a presentar informes de sostenibilidad de forma voluntaria”. Ante esta situación, en 2013 empieza a gestarse en la Comunidad Europea “la necesidad de un informe paralelo que cuente no sólo lo que hace la compañía, sino cómo y para qué. Eso es el informe de sostenibilidad”.

Lo que Redondo quería transmitirnos es que “en muy poco tiempo cambiaron muchas cosas”. Tras estos acontecimientos, en 2014 se crea la Directiva 2014/95/UE sobre información no financiera y diversidad, que entra en vigor en España en 2017 e implica un punto de inflexión: “algo que era voluntario se convierte en obligatorio y tiene que pasar por el Consejo de Administración, la Junta de Accionistas y la Dirección”. Tras presentar y comparar la Directiva con el Real Decreto y la posterior Ley (Ley 11/2018 en materia de información no financiera y diversidad), la profesora afirma que esta última es “la más exigente de toda Europa”.

Antes de analizar ejemplos de información de compañías de distinto tamaño y finalizar la sesión, la ponente presentó el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, un plan para ayudar a la transición de Europa hacia una economía baja en carbono gracias a la financiación de la banca. Se centró fundamentalmente en el primero de los diez bloques en los que se estructura, en el sistema de clasificación para las actividades sostenibles, el cual es más conocido como “taxonomía”, una herramienta en construcción para orientar la inversión a proyectos sostenibles que “no prohíbe nada, ni identifica qué actividades son buenas o malas. Habla de aquellas que contribuyen significativamente a reducir el riesgo ambiental o a la transición hacia el objetivo de lograr una economía baja en carbono. La única obligación de la taxonomía es informar”.

Tras ser crítica con ella y presentar las últimas novedades de este Plan, sentencia: “esto es algo totalmente nuevo que la Unión Europea quiere impulsar y no hay nada así en el mundo. En la planificación de una economía a 2050, es muy fácil estropear algo por el camino”.

 

Laura Calvo González
Educadora social y alumna de la undécima edición del Curso de Especialización en Sostenibilidad e Innovación Social