“España tiene la ley más exigente del mundo sobre reporte de información no financiera”

Helena Redondo, socia miembro del área de Risk Advisory de Deloitte en Madrid y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de Deloitte de Sostenibilidad.

Cómo trasladar la visión integral de una empresa, aunando la información financiera y la no financiera, y cómo ha evolucionado la normativa, fueron los planteamientos de la sesión de Helena Redondo, socia miembro del área de Risk Advisory de Deloitte en Madrid y miembro del Comité Ejecutivo Mundial de Deloitte de Sostenibilidad. “Se trata de equilibrar los dos mundos”, sostuvo Redondo, indicando que el estado financiero se complementa con la gestión de los riesgos y las relaciones con los grupos de interés. “Es importante entender que a veces los resultados financieros son potenciales, no reales. De ahí que la proyección sea fundamental”. Precisamente, la información no financiera habla de cómo se va a recuperar la inversión.

El reporting ha evolucionado mucho en los últimos años, “sobre todo por presiones de grupos de interés”. Ya en los años 80 existía el llamado “balance social” principalmente en las cajas de ahorro y las petroleras reportaban sobre impactos medioambientales. “Eran informes con fotos, y sin un solo número, algo así como una carta de presentación”, indicó Redondo. El cambio radical se produjo a raíz del caso ENRO en 2001, cuando se empezó a dudar sobre “si las empresas cuentan lo que tienen que contar”. Entonces, empezaron a reportar los riesgos, a introducirse números a la par que se producen cambios regulatorios sobre el gobierno corporativo. Es ahí cuando “empiezan a surgir informes como setas”, había que poner orden y unificar criterios. En este contexto, aparece el Global Reporting Iniciative (GRI). Se pasa de informes sin objetivos ni revisión por tercero independiente a reportes que detallan y cuantifican las acciones respecto a temas materiales para el futuro de la empresa.

El giro definitivo hacia la obligatoriedad del reporte no financiero se da a través de una directiva europea aprobada en diciembre de 2014. Tenía que entrar en vigor en 2016, pero hasta octubre de 2017 España no la traspone, “como España iba con retraso, simplemente se pega el texto de la directiva”. A partir de ahí, la Comisión de Economía publica un borrador desarrollando la norma en octubre de 2018, que no se publica en el BOE hasta el 29 de diciembre. “La directiva estaba pensada para cotizadas que ya disponían prácticamente de toda la información”, ya que por norma debían hacer informes de gobernanza. Sin embargo, con la nueva Ley, se amplía el espectro de compañías en función de resultados y número de empleados. Además, se detallan los temas que debe tratar el informe. “Es como si se cogiera el GRI y se añadieran algunas cosas más”, sostuvo.

Para visualizar la magnitud y detalle de la información que debe recoger un informe, Redondo desglosó el caso real del Informe Ferrovial. Una de las cuestiones que se plantean es cómo se garantiza la trazabilidad de la información recabada. En este sentido, Redondo afirmó que “a veces las notas de explicación de cómo se obtienen los datos ocupan mucho más espacio que los propios datos”. En cuanto a la verificación de la parte no financiera, la ponente aclaró que “la responsabilidad de que los sistemas de gestión sirvan para obtener datos fiables es responsabilidad de la empresa”. Por eso la auditoría de la parte no financiera va siempre precedida por la advertencia de que no es completa.

Como conclusión, Redondo hizo hincapié en que el objetivo de esta información es que sea cierta para que los inversores y cualquiera de los grupos de interés puedan tomar decisiones. “He visto por ahí informes que no se dirigen a nadie. No puede ser, hay que dirigirse a los accionistas”, sentenció la ponente. El precio de un mal informe es que “hasta que la empresa no presente la información completa, se le cierra el registro, impidiendo cualquier tipo de transacción corporativa a la empresa que no cumpla”.

Ana Narváez
Periodista y alumna de la octava edición del Curso de Especialización en Sostenibilidad e Innovación Social