Begoña Morales: “Trabajar teniendo en cuenta los derechos humanos además de legitimar a la empresa, también le renta”.

Fundadora y CEO en Desarrollo con Sentido (Conese) , consultoría especializada en la integración de la sostenibilidad en la estrategia de las organizaciones, Begoña Morales también ha sido coordinadora del Business and Human Rights Lab de la Fundación Sociedad y Empresa Responsable (SERES) y exdirectora de la unidad de Soluciones para Sostenibilidad de Indra.

Los derechos humanos en la agenda pública y privada

Morales inició su exposición subrayando la necesidad de gestionar las operaciones empresariales “con sentido”. Para ello, insistió en la importancia de un pensamiento crítico dentro de las compañías, ya que esto permite desarrollar criterios sólidos y obtener una visión integral, necesaria para una debida diligencia efectiva.

A continuación, expuso el caso de la extracción de cobalto como un ejemplo paradigmático de los desafíos en sostenibilidad y derechos humanos. A partir de esta situación, planteó un debate sobre la responsabilidad en la cadena de valor, cuestionando los diferentes niveles de implicación de actores clave.

Ni voluntariedad ni sólo Compliance: Innovación sostenible

¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Hasta qué punto son responsables las empresas y todas sus cadenas de proveedores? ¿Qué rol desempeñan los gobiernos? ¿Y en qué medida deben involucrarse las personas consumidoras?

Hasta 2011, los derechos humanos eran considerados exclusivamente una cuestión gubernamental. Sin embargo, con la adopción de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, promovidos por John Ruggie (su arquitecto principal y una figura clave en la fundación del Pacto Global de la ONU en el año 2000), las empresas adquirieron un papel central en esta materia.

En este contexto, la expositora cuestionó cuál debe ser la dimensión mínima para la adquisición de compromisos empresariales. Si una compañía habla de “cumplir la ley allá donde opera”, ¿qué sucede en territorios donde la legislación no garantiza un salario digno o el respeto a los derechos fundamentales establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)? Begoña Morales destacó que estas cuestiones no pueden resolverse únicamente con cumplimiento normativo, sino que requieren un enfoque más profundo y estratégico.

Los Rightholders

Durante la reflexión se abordó el concepto de los rightholders, aquellas personas cuyos derechos fundamentales pueden verse vulnerados en la cadena de valor. Morales destacó que la globalización, lejos de cerrar la brecha entre el norte y el sur global, la ha acentuado. En este escenario, la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (CSRD) y los European Sustainability Reporting Standards (ESRS) buscan no solo fomentar un consumo más consciente, sino también obligar a las empresas a asumir los costos que antes externalizaban al no considerar los derechos humanos en sus operaciones.

La gestión de riesgos, la selección de socios comerciales y proveedores deben integrarse en la estrategia corporativa, dado que su correcta administración incide directamente en la competitividad y la apertura de nuevos mercados. En este sentido, Morales recordó el caso de Unilever como un ejemplo de la evolución del enfoque empresarial: del principio de “do no harm” (no hacer daño) al de “do good” (hacer el bien).

Para la experta, el respeto a los derechos humanos dentro de las empresas no es filantropía, sino una cuestión de gestión estratégica. Trabajar en esta materia implica comprender dónde y cómo la empresa puede ejercer influencia dentro de su cadena de valor. Enfatizó en la necesidad de generar un diálogo significativo con las partes interesadas y promover un compromiso auténtico que vaya más allá del mero cumplimiento normativo.

Además, abordó una cuestión crítica: la sostenibilidad aún carece de indicadores comparables a los tradicionales, como el Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization (EBITDA, el indicador del beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros) para el ámbito de las finanzas. Esto dificulta la integración de métricas concretas que reflejen el impacto de las empresas en los derechos humanos de sus rightholders a lo largo de la cadena de valor.

El papel de las empresas en la determinación de impactos

En este sentido, la docente destacó la importancia de definir compromisos explícitos en derechos humanos y establecer modelos de gobernanza que prioricen la evaluación de riesgos en función de su severidad, probabilidad e influencia. También resaltó la necesidad de adoptar medidas precompetitivas, como la incidencia política a través de lobbies empresariales o la creación de hubs sectoriales para abordar objetivos comunes en derechos humanos.

La gestión debe incluir la integración en los modelos de gobernanza y la medición del impacto, asegurando que, en caso de incidentes, la reparación sea efectiva. En este punto, Morales fue tajante al señalar que la compensación de vulneraciones mediante otras acciones en materia de derechos humanos no es válida: una empresa no puede justificar un impacto negativo con medidas correctivas en otra área.

Como ejemplos de buenas prácticas, Begoña Morales mencionó modelos basados en ‘el capital paciente’ como el fair trade, las empresas B Corp y otras iniciativas de fiscalización reputacional. Asimismo, insistió en que la debida diligencia no se limita a evitar vulneraciones, sino que implica identificar, gestionar y asumir responsabilidades sobre los impactos negativos generados. Para ello, es fundamental establecer mecanismos de control, mitigación y reparación efectivos.

 Hacia una regulación más estricta: la Directiva sobre Diligencia Debida

 En el cierre de la sesión, la ponente abordó la Directiva sobre Diligencia Debida en las empresas (CSDDD o CS3D), cuyo objetivo es asegurar que las compañías asuman su responsabilidad sobre los impactos negativos de sus actividades. Este marco exige evaluar la severidad, el alcance y la probabilidad de los daños causados, así como determinar su capacidad de subsanación.

Morales insistió en que gestionar los derechos humanos es gestionar un riesgo y subrayó que las empresas más grandes deberán cumplir con este marco regulador a partir de julio de 2027, cubriendo toda su cadena de actividad, tanto en sus operaciones upstream como downstream.

Con esta reflexión, concluyó una sesión que evidenció la creciente exigencia regulatoria y la necesidad de un compromiso empresarial genuino con los derechos humanos. Más allá del cumplimiento, la gran cuestión que queda abierta es si las empresas están preparadas para integrar estos principios en su estrategia de negocio y convertir la sostenibilidad en un motor de competitividad real.

Juan José Sánchez
Comunicador y alumno de la decimocuarta edición del Curso de Experto en Sostenibilidad e Innovación Social