Antonio Abril: «El buen gobierno no es atribuible solo a las empresas, sino a todas las entidades públicas o privadas»
Antonio Abril Abadín, Presidente del Consello Social de la UDC y de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas
Antonio Abril Abadín, Presidente del Consello Social de la UDC y de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas
Antonio Abril es presidente del Consello Social de la Universidade da Coruña y de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas. Asimismo, forma parte de la Junta de Gobierno del Instituto de Consejeros y Administradores (IC-A). Entre 1989 y 2021, fue director de Cumplimiento Normativo y presidente del Comité de Ética de Inditex.
El experto en gobernanza corporativa impartió una sesión en el CESIS sobre la importancia del buen gobierno en empresas e instituciones, con especial énfasis en los desafíos de la gobernanza universitaria española.
ESG: más allá de una moda, una obligación
Antonio Abril comenzó su intervención destacando que el concepto ESG (Environment, Social and Governance) ha dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse en una exigencia normativa fundamental. «El buen gobierno tiene un componente de indeterminación, de juicio, de valores. Tiene una parte de intangibilidad. Por tanto, es muy difícil de medir», explicó el experto, aunque subrayó que «es evidente que si no hay buen gobierno corporativo, a medio y largo plazo eso se va a pagar en términos de competitividad».
Abril enfatizó que la ESG tiene un fuerte componente reactivo: «Las empresas no lo harían si no fuera por obligarlas y si no hubiera presión social». Sin embargo, matizó que existen empresas que han nacido con una vocación genuina en términos de sostenibilidad, citando como ejemplo algunas marcas.
La ética como núcleo del buen gobierno
La sesión dedicó especial atención al concepto de ética en las organizaciones. La ética no es un concepto sencillo. Es cultural, contextual y, en ocasiones, controvertido. Lo que resulta ético en un país puede no serlo en otro. Sin embargo, las organizaciones están obligadas a definir un marco ético común que oriente comportamientos, establezca límites y permita prevenir riesgos. De ahí la importancia de los códigos éticos y de conducta, que ya no son instrumentos decorativos, sino pilares del sistema de gobernanza.
Uno de los errores más frecuentes es confundir buen gobierno corporativo con buenos resultados financieros. Durante la sesión se subrayó la importancia de que «una sociedad mantenga principios y valores y, sobre todo, que tenga una serie de instituciones que sean capaces de hacer entre ellas la labor de contrapeso y equilibrio de poder».
La aproximación más valiente y reciente a una definición de buen gobierno corporativo se encuentra en el King Code V de Sudáfrica, que sitúa la ética en el centro del sistema. El buen gobierno se construye sobre una cultura ética compartida, orientada a la creación de valor sostenible, el cumplimiento normativo, la disciplina organizativa y la protección de la reputación. Actúa como un sistema inmunológico de la organización: no garantiza el éxito, pero reduce de forma significativa el riesgo de un fracaso estructural.
Compliance y elementos clave
La evolución del buen gobierno corporativo está estrechamente ligada al desarrollo del compliance. Tras los excesos del capitalismo y la crisis financiera global de 2006-2008, quedó claro que la desregulación y la ausencia de control no funcionaban. El modelo tradicional, basado únicamente en la sanción externa, resultó insuficiente.
Surge así la obligación de que las propias empresas implanten sistemas internos de prevención y control para evitar el incumplimiento normativo. El compliance abarca no solo la ley en sentido estricto, sino también las buenas prácticas, las recomendaciones de gobierno corporativo y los estándares éticos.
En España, esta evolución culmina con la reforma del Código Penal (2010 y 2015), que introduce la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Desde ese momento, una empresa puede ser penalmente responsable por delitos cometidos en su nombre, salvo que demuestre que cuenta con un sistema de compliance eficaz y razonable.
Un elemento clave del sistema de compliance es el canal ético o canal de denuncias. Su función no es solo detectar irregularidades, sino actuar como un potente mecanismo de prevención y depuración interna. Para que sea eficaz debe garantizar dos principios esenciales: confidencialidad e indemnidad.
La experiencia demuestra que estos sistemas son complejos de gestionar, especialmente cuando se instruyen internamente. De ahí el debate creciente sobre su externalización, la cual permite reforzar la independencia, aumentar la confianza de los informantes y garantizar la trazabilidad de las denuncias, no obstante, la externalización no exime a la organización de su responsabilidad. Los canales éticos no solo sirven para denunciar, sino también para proteger a los empleados, especialmente en situaciones de conflicto de interés, que están detrás de la mayoría de los casos de corrupción.
Ciberseguridad: el nuevo desafío del buen gobierno
La ciberseguridad es un pilar fundamental del buen gobierno corporativo. “Existen códigos de buenas prácticas y códigos éticos en materia de ciberseguridad dirigidos a empleados y a toda la organización”, señaló, subrayando que en el núcleo del gobierno corporativo moderno las empresas deben contar con matrices de riesgo, evaluar de forma continua sus amenazas, invertir en sistemas de protección y rendir cuentas. El impacto de un ciberataque puede llegar a paralizar una organización, dañar gravemente su reputación y comprometer su viabilidad económica.
Asimismo, se destacó que Europa ha optado por un modelo regulatorio orientado a la protección del ciudadano frente a los posibles excesos de las empresas, mientras que Estados Unidos y China priorizan marcos normativos más favorables al tejido empresarial. Esta diferencia refleja enfoques distintos en materia de protección de datos y ciberseguridad.
Caso práctico: crisis de gobernanza en una empresa tecnológica
En la segunda parte de la sesión analizamos un caso real de una importante empresa tecnológica española que en 2022 experimentó una crisis de gobernanza. El conflicto surgió cuando varios accionistas minoritarios, junto con el Estado como accionista de referencia con un 28 %, coordinaron sus votos para cesar a cuatro consejeros independientes en la junta de accionistas.
«No se vulnera una norma, pero sí se utilizan indebidamente las prerrogativas y posibilidades para una finalidad» que planteaba dudas sobre el respeto al espíritu del buen gobierno corporativo. Esta acción concertada permitió imponer cambios en el consejo de administración que los consejeros independientes consideraban inadecuados para la gestión de la compañía.
El caso ilustra la tensión entre el hard law (normativa obligatoria) y el soft law (recomendaciones de buen gobierno): «Es importante entender lo que es buen gobierno corporativo. Está repartido entre el cumplimiento hard y el soft law, que son recomendaciones. Cumplir o explicar. Lo que pasa es que, si no cumples con la recomendación, es mucho más evidente que no hay buen gobierno corporativo».
Este ejemplo práctico sirvió para reflexionar sobre cómo, incluso cumpliendo formalmente con la normativa, pueden producirse situaciones que plantean interrogantes sobre la calidad de la gobernanza y el respeto a las buenas prácticas corporativas.
La gobernanza universitaria
El análisis del buen gobierno en la universidad pública española ocupa un lugar central en el debate actual por su impacto directo en la ciencia, la investigación y su transferencia a la economía real. El sistema universitario combina autonomía institucional con estructuras de decisión participativas, lo que plantea interrogantes sobre el equilibrio entre democracia interna y eficiencia en la gestión.
La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023 en el marco de los fondos Next Generation de la Unión Europea, incorpora de forma explícita la exigencia de garantizar el buen gobierno de las instituciones universitarias.
Entre sus principales avances destacan el refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas a través del Consejo Social, el impulso de sistemas de control interno y auditoría con mayor autonomía funcional, y la incorporación de principios de compliance y ética institucional. No obstante, la norma mantiene elementos estructurales del modelo previo, y algunas propuestas de mayor apertura a la participación externa no fueron finalmente incorporadas.
Perspectivas comparadas: el modelo europeo
Se presentó el modelo de gobernanza predominante en otras universidades europeas, caracterizado por un órgano de gobierno único con participación relevante de la sociedad, un presidente de la parte social y un rector seleccionado por concurso de méritos. Este modelo se asocia con una mayor flexibilidad en la contratación de personal, diversificación de fuentes de ingresos y una gestión más profesionalizada.
La comparación no pretendía establecer un modelo como superior a otro, sino mostrar las diferentes aproximaciones a los retos comunes de la educación superior: cómo combinar autonomía académica con responsabilidad social, cómo profesionalizar la gestión sin perder la participación, y cómo conectar mejor la universidad con su entorno socioeconómico.
El reto de la transferencia de conocimiento
Uno de los temas centrales del debate fue la transferencia de conocimiento. Abril señaló una paradoja del sistema español: ocupar la 12ª posición mundial en investigación, pero descender a la 30ª en innovación. «¿Quién tiene la culpa del déficit de transferencia?» preguntó, planteando que se trata de una responsabilidad compartida entre la gobernanza universitaria, el tejido productivo y las políticas públicas.
El experto sugirió que una mayor conexión entre universidad y sociedad podría facilitar la transferencia efectiva del conocimiento generado en las instituciones académicas hacia la economía real, beneficiando tanto a las empresas como a la propia universidad.
Antonio Abril destacó que, aunque la LOSU representa un avance normativo importante, el debate sobre la gobernanza universitaria sigue abierto. Las cuestiones sobre cómo mejorar la eficiencia en la gestión, fortalecer la rendición de cuentas, profesionalizar la administración y potenciar la transferencia de conocimiento son desafíos compartidos por la mayoría de los sistemas universitarios.
El buen gobierno, concluyó el experto, no es solo una cuestión técnica o normativa, sino un compromiso continuo con principios, valores y contrapesos institucionales que deben impregnar todas las organizaciones, públicas y privadas. El objetivo común es garantizar que las instituciones cumplan eficazmente su misión al servicio de la sociedad, combinando autonomía con responsabilidad, participación con eficiencia, y tradición con innovación.
Beatriz Caseiro Blanco
Alumna de la decimoquinta edición del Curso de Experto en Sostenibilidad e Innovación Social