Antonio Abril: “El ‘good governance’ requiere un proceso de adaptación y creer en algo que no es tangible”

Presidente del Consello Social de la UDC y de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.
“El buen gobierno de empresas e instituciones. ‘Good governance’”

“El ‘good governance’ requiere un proceso de adaptación y creer en algo que es intangible” explicó Antonio Abril al inicio de su sesión al alumnado del CESIS el pasado 24 de enero. El buen gobierno de empresas e instituciones. ‘Good governance’ fue el título escogido por el profesional, presidente del Consello Social de la UDC y de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas.

Representando más del 60 % de la actividad económica, Abril quiso incidir en la importancia de los intangibles, como la ‘marca España’, que se forma a partir de las personas, empresas e instituciones que con su actividad en el exterior crean el concepto de lo que se conoce como España. “En este país no creemos en los intangibles porque no trabajamos por mejorarlos”, destacó el profesional para iniciar al alumnado en el concepto de ‘good governance’ como uno de esos activos que no se pueden ver: “Requiere un proceso de adaptación y creer en algo que no es tangible”.

Qué es el concepto de buen gobierno

De esta forma, Abril comenzó la explicación del concepto de buen gobierno, haciendo una gran diferencia entre lo que es y lo que no es. “Sí es ética, transparencia y rendición de cuentas, es equilibrio de poderes y, especialmente, en la alta dirección de la empresa”. ¿Qué no es? “No es productividad, eficiencia o competitividad, no es compromiso social ni medioambiental, pero al final siempre están relacionados”. “Al principio no se podían equiparar la E y la S a la G en el ESG -Environmental, Social and Governance, por sus siglas en inglés-, mientras que ahora la regulación gira más en torno a la G”.

Precisamente en torno a esa regulación de gobierno se crea el Compliance. El sistema reacciona a casos de excesos en la sociedad creando marcos regulativos, pero se llega a la conclusión de que eso no es suficiente. “La intención es que las empresas tengan un sistema de prevención y control de riesgos”, indicó al respecto Abril, que se encargó de crear la RSC del grupo Inditex: “Fue lo más bonito que hice en la empresa”. Así nace el Compliance, que se estructura como un sistema que obliga a las empresas a prevenir y evitar la responsabilidad (legal y reputacional). La reforma del código penal de 2010 en España fue el punto decisivo para implementar estas políticas, ya que por primera vez las empresas podían ser responsables de las acciones delictivas de uno de sus empleados. “Un sistema de Compliance es siempre un límite al ejercicio del poder”.

Abril dedicó esta primera parte de la clase a hacer un recorrido histórico por los últimos 20 años de la RSC. “Cuando se hace una donación a un país para solventar un desastre natural, no es RSC”, apuntó el profesional, que insistió en la importancia de entender esta responsabilidad como un conjunto de medidas que buscan directamente ayudar a mejorar la sociedad de un entorno, como la implementación de programas de educación para asegurar que se cumplen los derechos humanos. “ESG van juntas; si no funciona la G, no funcionan ni la S ni la E”, destacó Abril. Y aunque las empresas buscan la autorregulación, lo cierto es que siempre hay un componente reactivo en materia de RSC.

En este sentido, hizo hincapié en la importancia de entender la ética como un concepto personal, muy diferente dependiendo del país, lo que implica la imposibilidad de realizar uno a nivel global, “pero sí se puede adaptar”. Dentro de la relevancia de la ética, Antonio Abril dedicó la siguiente parte de la sesión a explicar los canales de denuncia y su relevancia dentro del sistema. “Hay que crear una cultura corporativa interna”, destacó el experto, que procedió a detallar como ejemplo el sistema de Inditex y sus códigos de conducta, tanto interno como externo.

Este concepto se generaliza a nivel europeo cuando se dicta una directiva de protección al ‘whistleblower’, la persona que da la voz de alarma. “El concepto de denuncia está muy mal visto en Europa”, manifestó Abril. En España se dicta una ley en 2023 para la protección al informante y con ella se amplían las infracciones del derecho de la UE a infracciones en materia laboral relativas a la seguridad y salud en el trabajo. Con esta ley se obliga a las empresas e instituciones a tener un código ético con su canal de denuncia correspondiente. Además, Abril quiso incidir también en la importancia de que las denuncias sean anónimas para garantizar el buen funcionamiento del canal.

Buen Gobierno Corporativo y la labor del ICA

Antes de pasar al estudio de un caso práctico, Abril introdujo algunos conceptos básicos sobre la organización en las empresas y el Buen Gobierno Corporativo (BGC) en las sociedades no cotizadas, así como la labor del ICA: Instituto de Consejeros-Administradores. Esta institución, a la que el profesional está vinculado desde su creación, es pionera en la regulación de la figura del consejo administrador y de todo lo que representa desde el punto de vista del BGC, especialmente en las entidades no cotizadas. ¿Cuál es su labor? Presionar al sector público. El ICA, explicó Abril, es una asociación neutral que actúa con objetividad y que se une a otras figuras en la misma materia para presionar a las empresas. “Es un tremendo sistema de presión que logra un resultado positivo: que las empresas se preocupen por el ESG porque los inversores se lo están pidiendo”.

Otro tema de debate dentro del good governance es el equilibrio de poderes con la separación de funciones entre el presidente del consejo de administración y el primer ejecutivo. En este sentido, el experto detalló también las diferentes figuras que albergan el nombre de consejeros: los consejeros ejecutivos, los dominicales, los consejeros que se denominan bajo ‘otros’ y los independientes. Sería en este último grupo en el que destacaría el profesional, que propuso a la clase la siguiente pregunta: “¿Creemos en la figura de los consejeros independientes?”.

Este primer debate sirvió al alumnado para comenzar la discusión sobre el caso de estudio propuesto por el profesor. Se trata del caso Indra, en el que parte del equipo de gobierno de la empresa realizó una intervención después de que algunos accionistas demandasen el cese de cuatro consejeros independientes sin que esto se encontrase entre los puntos del día de la junta. Divididos en dos grupos diferentes, una parte de la clase se encargó de buscar argumentos para demostrar que la empresa actuó conforme a exigencias de BGC, mientras que la otra debía determinar por qué las vulneró.

De esta forma, todos los asistentes pudieron entender las dos posturas que surgieron a raíz del problema: por una parte, la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por otra, la del ICA. Finalmente, y aunque a día de hoy la empresa continúa afectada por el escándalo reputacional que supuso, se sigue discutiendo sobre cómo solventar el problema y crear una ley para que esto no vuelva a ocurrir, pero sin limitar las competencias de la junta general de una empresa.

Por último, Antonio Abril no quiso dejar pasar la oportunidad de dedicar la última parte de la clase a hablar sobre el asunto al que se dedica mayoritariamente en la actualidad: el buen gobierno universitario. El profesional trasladó al alumnado del CESIS la necesidad de cambiar el sistema de universidades, donde se patenta bastante, pero no se promueve. La gerencia y la intervención dependen directamente del rector, que se escoge entre el personal docente de cada centro, y que tiene muy poca potestad para atraer talento a las facultades.

A diferencia de lo que ocurre en Europa, España no cuenta con una participación relevante de la sociedad en sus universidades y no tiene un único órgano de gobierno. En este sentido, Abril explicó la postura que trata de promover ahora: dar a los Consejos Sociales las competencias necesarias para poder ejercer su función. “Necesitamos que las universidades sean motor de desarrollo económico y social”, destacó, “esto es lo que se conoce como la tercera misión universitaria: la transferencia de la investigación al mercado”.

 

Beatriz Nestar Bueno
Periodista y alumna de la decimotercera edición del Curso de Experto en Sostenibilidad e Innovación Social