Andrea González. Inversión y financiación sostenible: tendencias, regulación y productos innovadores
Andrea Gonzaléz, directora y secretaria general de Spainsif, Foro Español de Inversión y Finanzas Sostenibles
Inversión y financiación sostenible: tendencias, regulación y productos innovadores
Andrea González García ofreció un recorrido completo y claro por el estado actual de las finanzas sostenibles: desde cómo se integran los criterios ESG en el análisis financiero hasta los dilemas éticos de los fondos del vicio o la presión a gobiernos, la sesión repasó las principales estrategias de inversión responsable, sus bases y sus contradicciones.
La integración ESG: del filtro posterior al núcleo analítico
El punto de partida fue la diferencia entre el modelo tradicional y el enfoque de integración. En el modelo clásico, el proceso es secuencial: a partir de un universo amplio, por ejemplo 40.000 empresas cotizadas, se aplica primero un filtro de riesgo y rentabilidad, que puede reducirlo a unas 13.000 compañías, y solo después se considera la sostenibilidad. Los criterios ESG actúan así como un filtro adicional: ninguna empresa entra en la cartera si no supera antes el estándar financiero.
La integración cambia ese orden. La información de sostenibilidad deja de ser un filtro añadido y pasa a formar parte del análisis financiero desde el principio. Una empresa que inicialmente quedaría fuera por su perfil de riesgo, puede ser elegible si su plan de transición climática, su gobierno corporativo o su estrategia de sostenibilidad reducen ese riesgo a largo plazo o mejoran sus perspectivas de rentabilidad.
González ilustró esto con el ejemplo de la industria cementera, históricamente muy contaminante. Una empresa del sector con un plan de transición creíble, con tecnología real y respaldado por inversión en innovación puede cambiar de forma significativa su perfil de riesgo financiero. En ese caso, la sostenibilidad no es un complemento de imagen: es un factor clave en la evaluación del riesgo.
La idea central de la integración es que la sostenibilidad y el análisis financiero tienen el mismo peso. No se trata de añadir un criterio ético al análisis económico, sino de reconocer que ciertos factores ESG son, en sí mismos, variables financieras relevantes.
Trazabilidad y greenwashing operativo: la dimensión jurídica del proceso
La integración plantea, sin embargo, un problema de verificación. ¿Cómo demostrar que la información ESG influyó de verdad en la decisión de inversión? Durante la sesión abordamos esta cuestión con un caso concreto: el de un banco alemán que, tras nombrar una directora de sostenibilidad, fue denunciado ante el regulador estadounidense por la propia directiva por incurrir en prácticas de greenwashing. El problema no estaba en la composición de los fondos ni en que las inversiones fueran insostenibles: el sistema informático mostraba alertas ESG cuando el gestor elegía empresas en sectores como el armamento o el tabaco, pero el gestor podía ignorar esas alertas sin dejar constancia escrita de que las había tenido en cuenta. La sanción llegó por no poder demostrar documentalmente cómo se tomó la decisión.
Este caso pone de manifiesto algo cada vez más importante desde el punto de vista regulatorio: en finanzas sostenibles, el orden en que se toman las decisiones y cómo se documenta el proceso tienen consecuencias legales. La integración no puede ser algo implícito o sobreentendido, tiene que poder demostrarse. La Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y las directrices de ESMA (European Securities and Markets Authority) refuerzan la exigencia de coherencia entre el nombre del fondo, su estrategia declarada y cómo se invierte en la práctica.
El engagement: ejercicio activo de los derechos de propiedad
A diferencia de los enfoques más pasivos, como la exclusión de sectores o la integración silenciosa, el engagement es una estrategia activa: el inversor se relaciona directamente con la empresa en la que invierte para intentar influir en su comportamiento. No se trata de premiar o castigar con flujos de capital, sino de ejercer los derechos que otorga ser propietario de acciones.
Los instrumentos habituales del engagement incluyen:
– Cartas formales dirigidas al consejo de administración o al equipo directivo.
– Reuniones bilaterales con la dirección de la compañía.
– Coordinación con otros inversores institucionales para amplificar la presión.
– Propuestas en Juntas Generales de Accionistas.
– Voto en contra de la política de remuneración del consejo.
El voto en la Junta General de Accionistas es una herramienta especialmente poderosa. Por ejemplo, un grupo coordinado de inversores que represente una parte significativa del capital, incluso un 3 o un 4 %, puede influir en decisiones estratégicas de la empresa. Existen empresas especializadas en asesorar sobre cómo votar y ejecutar esa delegación en nombre de varios inversores, lo que permite concentrar votos dispersos y actuar de forma colectiva.
El engagement puede llegar a tener un impacto real en la política climática de una empresa, su cadena de suministro o su política salarial. Sin embargo, también tiene riesgos: ventas coordinadas pueden generar volatilidad en los mercados, y la presión financiera organizada puede alterar las expectativas del mercado con consecuencias difíciles de prever.
Inversión de impacto: adicionalidad, intencionalidad y teoría del cambio
La inversión de impacto es el nivel más profundo de intervención en la economía real, no basta con tener en cuenta los riesgos ESG ni con influir en la gestión de la empresa: el inversor debe poder demostrar que el impacto positivo generado se debe directamente a su inversión. Durante la sesión se plantearon cuatro requisitos que debe cumplir una inversión para considerarse genuinamente de impacto:
– Intencionalidad: el inversor declara previamente y de forma explícita su objetivo de generar impacto social o ambiental.
– Medición: el impacto debe ser cuantificable mediante indicadores verificables.
– Atribución: debe poder vincularse causalmente al inversor y no a otros factores del entorno.
– Adicionalidad: el impacto debe ir más allá de lo que habría ocurrido en condiciones normales de mercado sin esa inversión.
Concretamente, la adicionalidad es el requisito más exigente, ya que implica demostrar, idealmente por contrato, que sin esa inversión el proyecto no habría existido o no habría podido darse en las mismas condiciones.
En mercados privados, donde el financiador tiene un papel determinante, esto es más fácil de acreditar. En mercados cotizados, donde las acciones se compran y venden en mercados secundarios y la relación entre el inversor y la empresa es indirecta, demostrarlo se vuelve mucho más difícil.
La teoría del cambio como armazón metodológico
Para concretar la intencionalidad y medir el impacto, se presentó la teoría del cambio como una herramienta muy útil para estructurar el análisis. Este marco distingue cinco niveles:
– Inputs: recursos financieros, humanos y técnicos movilizados.
– Procesos: actividades concretas implementadas por la organización o el proyecto.
– Outputs: resultados inmediatos cuantificables (p.ej., número de usuarios de una plataforma).
– Outcomes: cambios intermedios en comportamientos, prácticas o condiciones (p.ej., variación en la dosificación de fertilizantes).
– Impactos: transformaciones estructurales a largo plazo (p.ej., reducción de la contaminación hídrica y mejora de la calidad del suelo).
Sin esta cadena lógica y verificable, la inversión de impacto se convierte en puro discurso. El rigor metodológico no es un tecnicismo: es lo que da credibilidad al instrumento.
**El estudio anual de Spainsif sobre la inversión sostenible en España y el informe de Eurosif sobre los flujos de capital hacia la transición sostenible documentan el crecimiento de estos instrumentos, pero también señalan las dificultades que persisten en la medición del impacto, especialmente en lo que respecta a la adicionalidad y la atribución en mercados cotizados.
Blended finance: arquitectura del capital y tensiones éticas
La financiación combinada (blended finance) es un mecanismo que combina distintos tipos de capital con diferente nivel de riesgo y rentabilidad, con el objetivo de atraer capital privado e institucional hacia proyectos de impacto que, de otro modo, no conseguirían financiación suficiente por su riesgo percibido. La estructura habitual incluye, de menor a mayor tolerancia al riesgo:
– Capital de primera pérdida, frecuentemente aportado por actores públicos o filantrópicos.
– Capital concesional, con condiciones de rendimiento inferiores a las del mercado.
– Capital catalítico, orientado a facilitar la entrada de otros inversores.
– Capital comercial e institucional, que accede a un perfil de riesgo más atractivo gracias a las capas anteriores.
Sin embargo, este modelo tiene sus interrogantes éticos, por ejemplo, el caso de los microcréditos al 30 % de interés lo ilustra bien: una inversión puede cumplir técnicamente todos los criterios de impacto, intencionalidad, medición y adicionalidad incluidos, y al mismo tiempo generar un debate legítimo sobre justicia cuando son los beneficiarios más vulnerables quienes soportan el coste del capital. Sobre esta cuestión hemos tenido un gran debate en la sesión.
Bonos verdes, engagement soberano y legitimidad democrática
Los bonos verdes vinculan el uso de los fondos captados a proyectos con impacto ambiental verificable. La pregunta de fondo es si constituyen verdaderos instrumentos de impacto o simplemente mecanismos de financiación etiquetada. En el ámbito soberano, este debate adquiere una dimensión adicional: ¿es legítimo que inversores privados ejerzan presión sobre la política pública de un Estado a través de la influencia financiera?
El engagement con ministros y gobiernos abre un debate que no tiene respuesta fácil: ¿es legítimo que el capital privado intente influir en las decisiones de un Estado? ¿Dónde está la línea entre presión constructiva y paternalismo? Estas preguntas representan una de las tensiones más relevantes del ecosistema actual de finanzas sostenibles, especialmente a medida que los reguladores europeos avanzan en los planes de transición climática a través del marco SFDR y las directrices de MiFID II.
Dilemas éticos: zonas grises, fondos del vicio y paternalismo
También se abordaron con franqueza los dilemas éticos que no tienen una respuesta clara, por ejemplo, los llamados fondos «del vicio», los cuales invierten deliberadamente en sectores controvertidos como el tabaco, la pornografía, el alcohol o el juego, y en determinados períodos han dado rentabilidades superiores al mercado. Esto recuerda que la sostenibilidad no es una categoría moral fija, sino un campo de tensiones donde conviven visiones distintas y, a veces, contradictorias.
Los debates sobre industrias como la publicidad de leche de fórmula o ciertos sectores del entretenimiento muestran que existen zonas grises donde se cruzan libertad individual, salud pública y responsabilidad empresarial, y ningún criterio ESG estandarizado puede resolver esa tensión de forma definitiva. Estas ambigüedades no son una debilidad del sistema, sino una señal de madurez: un ecosistema que reconoce sus zonas de incertidumbre es más sólido que uno que las niega.
Rentabilidad y sostenibilidad: evidencia empírica y factor gestor
Uno de los argumentos más repetidos contra la inversión sostenible es que reduce la rentabilidad. Durante la sesión se presentó la evidencia empírica disponible, que apunta en dirección contraria: incorporar criterios ESG en las carteras no penaliza la rentabilidad de forma sistemática, las diferencias más notorias aparecen en estrategias más profundas, como el engagement activo o la inversión de impacto en mercados privados, donde los horizontes temporales y la medición del retorno son más complejos. Con todo, ello se subrayó que el factor más determinante en la rentabilidad de un fondo sigue siendo la calidad y experiencia del gestor.
La sostenibilidad modifica el perfil de riesgo y, en muchos casos, hace la cartera más resiliente, pero no sustituye la competencia técnica en la gestión de activos.
Conclusión: avanzar, aunque sea con imperfecciones
Las finanzas sostenibles no son perfectas ni están libres de contradicciones, pero exigir coherencia absoluta puede llevar a la parálisis, y eso sería lo peor. Cambiar el sistema financiero hacia criterios de sostenibilidad es un proceso lento, global e inevitablemente imperfecto.
De la sesión se pueden extraer cuatro ideas clave: es mejor integrar mal que no integrar; la sostenibilidad tiene que formar parte del núcleo de la organización, no ser un añadido estético; cualquier inversor, grande o pequeño, debe entender y cuestionar las estrategias que respalda; y el progreso hay que verlo en perspectiva, porque las finanzas sostenibles de hoy no tienen nada que ver con las de hace una década.
El camino no es recto ni está libre de dilemas, pero el cambio es real. Esa es la apuesta de fondo: que el dinero pueda convertirse en una herramienta para construir una economía más justa, más resistente y respetuosa con el planeta.
Beatriz Caseiro Blanco
Alumna de la decimoquinta edición del Curso de Experto en Sostenibilidad e Innovación Social